"El próximo miércoles vamos a impugnar ese auto porque entendemos que
no hay forma de sustentarlo jurídicamente ante un juez de instrucción,
dado que no se da ninguna de las nueve causas que lo motivarían,
según lo que establece el artículo 281 del Código Procesal Penal
(CPP). En la querella, el querellante Guillermo Moreno narra hechos muy
graves, contrarios a la ley y se aportan elementos e indicios de prueba
muy contundentes que debieron verificarse en proceso exhaustivo de
investigación”, plantea Rodríguez.Sostuvo que era un deber que le impone el CCP y la Constitución de la República a la fiscal Reynoso, iniciar la investigación porque, en términos legales, es al juez de Instrucción al que corresponde conocer el caso en un juicio preliminar y determinar si archiva el caso o si, en cambio, ordena la apertura de juicio de fondo.
"En esas nueve posibles causas para ordenar el archivo de un expediente, no figura la falta de la tipificación de los hechos expuestos en la denuncia, la supuesta no configuración de los tipos penales, que es la razón en la que ella se fundamenta. La supuesta no configuración de los tipos penales es una razón para que el juez de la Instrucción emita un auto de no ha lugar, que debe ser posterior a la investigación", precisó Rodríguez.
Explicó que ahora toca al juez de Instrucción que resulte apoderado del caso, examinar la decisión de la Fiscalía. Le corresponde a esta autoridad, por tanto, pronunciarse sobre la legalidad o no de la decisión de Reynoso y sobre la consistencia jurídica o no de ese auto. Rodríguez confía en que esa decisión “lamentable” será revocada en buen Derecho y se dispondrá la apertura de una investigación conforme manda el CPP.
Finalmente dijo que Reynoso no observó una adecuada aplicación del CPP ni una adecuada interpretación del Derecho, omitiendo obligaciones y responsabilidades que la ley pone en manos del Ministerio Público.
