Gracias a una persona comprometida con su deber ciudadano, 7dias.com.do pudo tener acceso y publicar el poder especial otorgado por el presidente Danilo Medina al consultor jurídico César Pina Toribio para llevar a cabo el “acuerdo transaccional”. Un documento donde solo es meridianamente claro que el Estado hace tabla rasa del Derecho y se convierte en una especie de especulador inmobiliario a través de un llamado fideicomiso del que aún no se sabe a ciencia cierta quiénes serán los fideicomitentes. Y no se sabe por una razón tan sencilla como preocupante: como admitiera Pina Toribio, el gobierno no tiene claro con quién negocia, qué negocia ni cuánto vale lo que negocia.
En 7dias.com.do somos y seremos siempre entusiastas partidarios de la descentralización de los recursos públicos y, tomando prestado un concepto del feminismo, defenderíamos incluso sin titubeos la “discriminación positiva” a favor de aquellas provincias, no solo las sureñas, que han sido excluidas de los beneficios del crecimiento, que no desarrollo.
Pero nuestra adhesión a la inversión en las provincias deprimidas no puede ser indiferente a la violación de las leyes. Y en esta transacción consagrada hoy, las leyes se han violado de manera manifiesta. La lentitud de la justicia alegada como justificación suprema por los voceros oficiales no puede excusar nunca de su atropello a que quien con la mano en alto, atravesado el pecho con los colores de la bandera, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Pedernales necesita fuentes de trabajo, necesita inversiones, necesita ser redimida de la postergación en que ha vivido siempre. Pero vitalizarla no puede hacerse a costa de debilitar, hasta ponerlo en igual condición de postración, el orden jurídico. No puede hacerse sin que los dominicanos y dominicanas nos sonrojemos al oír al senador Dionis Sánchez admitir que, ciertamente, esos “propietarios” tienen en su poder títulos falsos, pero que transar con ellos era lo único posible.
En 7dias.com.do no somos ecólatras; creemos que hombre y naturaleza pueden convivir en armonía si esa relación es regulada por reglas claras y hay garantías de que se cumplan. Nuestra diferencia con lo acontecido con Bahía de las Águilas no se relaciona, por tanto, con una defensa a ultranza de la ecología. Se relaciona con nuestra intransigente demanda de respeto a la legalidad democrática.
En lugar de no poder responder, como no pudieron, preguntas tan elementales como de cuántos metros de tierra se está hablando en esta negociación, cuántos títulos fueron encontrados falsos y cuántos legítimos, o cual es el valor aproximado de lo que será vendido, los funcionarios estaban obligados a ser meridianamente precisos. No lo fueron y han abierto aún más la puerta a las conjeturas.
En su novela La caída, Albert Camus hace decir a Jean Baptiste Clamence, ese abogado que se ve a sí mismo como “juez penitente”, una frase que, al parecer, se ha convertido en lógica de nuestra clase gobernante: “Cuando todos seamos culpables, tendremos la democracia”. Con la transacción con Bahía de las Águilas nuestras autoridades parecen querer decirnos que lo mismo da ser correcto que incorrecto, propietario legítimo que ilegítimo. A fin de cuentas, lo que importa es el “progreso”.