El Foro por un Estado Laico "Eugenio María de Hostos" denunció hoy la "irresponsabilidad criminal" con que las autoridades de la Iglesia católica siguen manejando los casos de pederastia sacerdotal, al
tiempo de solidarizarse con las víctimas y con el dolor de tantas
familias cuyos niños, niñas, o adolescentes han sido traumatizados por el abuso sexual clerical.
En un extenso comunicado, el grupo social dijo que las graves acusaciones de los últimos días, particularmente las referidas al sacerdote Wojciech Gil (Alberto) y el nuncio papal Josef Wesolowski, confirman las denuncias de las asociaciones de víctimas de abuso clerical a nivel internacional en el sentido de que las condenas de estos crímenes por los últimos papas y la recién promulgada reforma del Código Penal del Vaticano son más que nada un ejercicio de relaciones públicas dirigido a tranquilizar la opinión pública internacional y, sobre todo, a detener el éxodo de creyentes católicos del seno de la Iglesia.
"El obispo santiagués declaró tranquilamente que el cura Wojciech fue expulsado de la Iglesia justo antes de su huida a Polonia y que el nuncio Wesolowski fue destituido y sacado del país por las autoridades eclesiásticas días antes de que se hicieran públicas las denuncias en su contra. En otras palabras, y contrario a las promesas vaticanas de fortalecer la lucha contra la pederastia sacerdotal, las autoridades eclesiásticas dominicanas ayudaron a estos criminales a huir del país, en lugar de denunciarlos ante las autoridades y aportar las pruebas de comportamiento criminal que tenían en su poder", dijo el comunicado del Foro.
La entidad dijo, además, que "como si esto fuera poco, en el día de hoy el Arzobispado de Santo Domingo ofreció una rueda de prensa cuyo objetivo principal parece haber sido negar la veracidad de las acusaciones, atribuyéndolas a intereses malsanos dentro de los medios de comunicación y de paso desautorizando las declaraciones de Núñez Collado".
Consideró, que la presentación en esta rueda de prensa de supuestos testigos que ahora se retractan de sus acusaciones, las denuncias de presiones a los familiares de las víctimas de Juncalito y de Constanza, y las amenazas divulgadas en el día de hoy contra organizaciones comunitarias y feministas que acompañan el proceso en Constanza, confirman que la jerarquía dominicana está siguiendo la misma estrategia utilizada por la Iglesia en muchos otros países: ocultar los hechos mientras sea posible, luego minimizar o negar la veracidad de los mismos, presionar a los familiares y testigos para que no acudan a la justicia, y desacreditar a los que se atrevan a denunciar los hechos y apoyar a las víctimas.
"Aquí han ido todavía más lejos, como se observó en el caso del cura de Bonao, Zacarías Cordero, a cuyas audiencias se presentaron docenas de sacerdotes liderando turbas de fieles en autobuses con intención de amedrentar a los denunciantes y obstaculizar el proceso judicial", denunció la organización.EFE
En un extenso comunicado, el grupo social dijo que las graves acusaciones de los últimos días, particularmente las referidas al sacerdote Wojciech Gil (Alberto) y el nuncio papal Josef Wesolowski, confirman las denuncias de las asociaciones de víctimas de abuso clerical a nivel internacional en el sentido de que las condenas de estos crímenes por los últimos papas y la recién promulgada reforma del Código Penal del Vaticano son más que nada un ejercicio de relaciones públicas dirigido a tranquilizar la opinión pública internacional y, sobre todo, a detener el éxodo de creyentes católicos del seno de la Iglesia.
"Aquí han ido todavía más lejos, como se observó en el caso del cura de Bonao, Zacarías Cordero, a cuyas audiencias se presentaron docenas de sacerdotes liderando turbas de fieles en autobuses con intención de amedrentar a los denunciantes y obstaculizar el proceso judicial", denunció la organización.Los reportajes periodísticos recientes y las declaraciones de Agripino Núñez confirman que las autoridades católicas persisten en su tradicional encubrimiento de los curas pedófilos, tomando medidas que, en lugar de auxiliar a las autoridades estatales en el apresamiento de estos criminales, tienen el propósito de ayudarlos a evadir la justicia, dijo el grupo.
"El obispo santiagués declaró tranquilamente que el cura Wojciech fue expulsado de la Iglesia justo antes de su huida a Polonia y que el nuncio Wesolowski fue destituido y sacado del país por las autoridades eclesiásticas días antes de que se hicieran públicas las denuncias en su contra. En otras palabras, y contrario a las promesas vaticanas de fortalecer la lucha contra la pederastia sacerdotal, las autoridades eclesiásticas dominicanas ayudaron a estos criminales a huir del país, en lugar de denunciarlos ante las autoridades y aportar las pruebas de comportamiento criminal que tenían en su poder", dijo el comunicado del Foro.
La entidad dijo, además, que "como si esto fuera poco, en el día de hoy el Arzobispado de Santo Domingo ofreció una rueda de prensa cuyo objetivo principal parece haber sido negar la veracidad de las acusaciones, atribuyéndolas a intereses malsanos dentro de los medios de comunicación y de paso desautorizando las declaraciones de Núñez Collado".
Consideró, que la presentación en esta rueda de prensa de supuestos testigos que ahora se retractan de sus acusaciones, las denuncias de presiones a los familiares de las víctimas de Juncalito y de Constanza, y las amenazas divulgadas en el día de hoy contra organizaciones comunitarias y feministas que acompañan el proceso en Constanza, confirman que la jerarquía dominicana está siguiendo la misma estrategia utilizada por la Iglesia en muchos otros países: ocultar los hechos mientras sea posible, luego minimizar o negar la veracidad de los mismos, presionar a los familiares y testigos para que no acudan a la justicia, y desacreditar a los que se atrevan a denunciar los hechos y apoyar a las víctimas.
"Aquí han ido todavía más lejos, como se observó en el caso del cura de Bonao, Zacarías Cordero, a cuyas audiencias se presentaron docenas de sacerdotes liderando turbas de fieles en autobuses con intención de amedrentar a los denunciantes y obstaculizar el proceso judicial", denunció la organización.EFE
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