La sorpresiva supresión del voto preferencial por los diputados prosigue una contra reforma democrática en beneficio de las cúpulas de los partidos políticosImportantes reformas democráticas han sido aniquiladas. Primero se puso fin a la separación de las elecciones, lo que augura el fortalecimiento del clientelismo y el arrastre. Luego sobrevino la repentina e inconsulta resolución de la JCE que elimina el voto preferencial y reduce el poder de los votantes.
La repentina e inconsulta resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que elimina el voto preferencial en la elección de los diputados se inscribe en un proceso de revocación de las reformas democráticas que se dio la sociedad dominicana en las últimas dos décadas.
La decisión contradice el artículo 79 de la Ley Electoral, que en 1997 instituyó las circunscripciones electorales fruto de consensos entre el sistema partidista y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer el sistema de representación al otorgar al ciudadano la facultad de escoger a sus representantes.
Golpe sorpresivo. A diferencia de cuando fue instituido el voto preferencial con una resolución del 2001, esta vez la JCE no realizó ninguna consulta ni vista pública previa. Fue la primera decisión adoptada por los cinco recién designados integrantes del organismo rector del sistema electoral que por efecto de la nueva Constitución de la República ya no tiene funciones contenciosas.
Es obvio que los funcionarios electorales contaban con el beneplácito de las cúpulas dirigenciales de los partidos, pero parecieron asumir que la revocación no contaría con las simpatías de las instituciones sociales que defienden los derechos de la ciudadanía, en este caso a elegir sus representantes en el Congreso Nacional. No dieron oportunidad ni tiempo a que se formularan objeciones.
Hace varios años que diversos dirigentes políticos venían reclamando la eliminación del voto preferencial aduciendo que el mismo lesionaba la unidad de los partidos porque sus candidatos competían entre sí por obtener el voto ciudadano. Adoptada la decisión, los dos partidos mayoritarios expresaron su satisfacción a través de sus delegados políticos ante la JCE.
Los integrantes de la JCE anunciaron su resolución poco después de adoptarla en una reunión efectuada el viernes 29 de octubre, aduciendo que “el voto preferencial “afecta la democracia interna y pone en riesgo el sistema de partidos políticos”, sin la menor consideración por el derecho ciudadano a elegir. Dijeron que si algún sector político o legisladores estaban interesados en mantener el sistema podían introducir un proyecto de ley. A la ciudadanía no le reservaron ningún recurso para reivindicar un derecho que estuvo vigente en las tres últimas elecciones legislativas.
Logro democrático. El voto preferencial por los diputados quedó establecido en el 2001, aunque fue una consecuencia de la reforma a la Ley Electoral de 1997, que instituyó las circunscripciones buscando “acercar los electores a sus representantes”. Pero como la JCE adujo que no había tiempo para implementarlo en los comicios de 1998, se dispuso que entraría en vigor a partir de 2002.
Fue parte de una oleada democrática que se inició en 1993 con la concertación de la Fundación Siglo 21, auspiciada por el Proyecto Iniciativas Democráticas con participación de todos los partidos reconocidos y consultas a la sociedad civil, y que un año después culminó en un consenso para reformas políticas e institucionales.
Como consecuencia de la crisis política en que devinieron las elecciones de 1994 se produjo una reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial, separó las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales e instituyó la mayoría absoluta en la elección presidencial, la doble nacionalidad, el voto de los residentes en el exterior y el Consejo Nacional de la Magistratura.
En los escenarios de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, luego rebautizada como Consejo Nacional para la Reforma del Estado, incluyendo el diálogo nacional celebrado en 1997-98, se insistió en ampliar el derecho ciudadano a elegir a sus representantes al Congreso Nacional.
La reforma de 1997 estableció en el artículo 79 de la Ley Electoral que “Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen”.
Aunque en principio se dijo que también habría voto preferencial para la elección de los regidores, la JCE nunca lo implementó. Los partidos que lo aceptaron con renuencia en el caso de los diputados primero sostuvieron que “el pueblo no sabría utilizar la preferencia. Después comenzaron a descubrir que la competencia interna por las postulaciones creaba tensiones.
El poder a las cúpulas
Al protestar la eliminación del voto preferencial esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, que fue de sus promotores, adujo que esa decisión “violenta el espíritu del artículo 79 de la Ley Electoral” y reduce la participación democrática de la ciudadanía. Durante años esa organización y otros sectores de la sociedad civil han reclamado que el derecho al voto se amplíe para permitir que los electores no solo tuvieran opción a elegir su diputado preferido, sino también para eliminar el arrastre del senador, separándolo de los diputados.
La eliminación del voto preferencial por los diputados devuelve a las cúpulas dirigenciales de los partidos el poder de determinar quiénes pueden salir diputados en sus respectivas boletas, por el orden en que son inscritos, lo que es una fuente de privilegios y fomento del clientelismo que hasta el 2002 generaba conflictos.
De esa forma los que encabezan las listas en las circunscripciones pueden darse por electos desde que son inscritos en la JCE mientras los relegados a los últimos puestos “quedan de adorno”.
La reapertura de esa fuente de poder de las cúpulas dirigenciales atenta contra el derecho de la ciudadanía a elegir, y de los candidatos a recibir un trato igualitario, pues su suerte queda en manos de quienes establecen el orden de las propuestas de candidaturas.
No hay dudas de que la competencia se desbordó entre candidatos a diputados de los mismos partidos y que los que disponen de mayores recursos tendían a imponerse. Pero eso se controla en las democracias avanzadas limitando la inversión de cada candidato y la extensión de las campañas. Hay países donde sólo se les permite la promoción directa entre sus electores, vetando la propaganda a través de los medios de comunicación masiva, como prensa, radio y televisión, para impedir la imposición del dinero, bien o mal habido.
Una cadena de retrocesos
La eliminación del voto preferencial por los diputados se inscribe en un proceso de revocación de los avances democráticos que se habían registrado en el país en las últimas dos décadas, que ha incluido la reunificación en un mismo año de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales dispuesta en la nueva Constitución a partir del 2016.
Ambas regresiones están llamadas a reflejarse en fortalecimiento del clientelismo y del arrastre por parte de los candidatos presidenciales y, por consiguiente, en reducción de la pluralidad del Congreso, en subordinación de los legisladores ante el Poder Ejecutivo y en incremento del presidencialismo.
En el proceso de reducción de la democracia se inscribe el hecho de que la mayoría de los candidatos al Congreso y los municipios en las elecciones de mayo pasado fueron señalados por las cúpulas partidarias, en detrimento del derecho de los militantes a elegir y ser elegidos, ya fuere por convenciones locales, o mediante la votación primaria que había ganado terreno en los últimos torneos electorales.
Si a ello se une la reciente decisión del Comité Central del partido de Gobierno de auto prorrogarse, ¡y por 5 años!, el mandato que recibieron de sus militantes, parece haber razones para sostener que está en marcha una regresión democrática.
Por lo pronto la última resolución de la JCE reduce la competitividad democrática y el derecho a disentir de las cúpulas partidarias que inscriben las candidaturas. Tras el registro de las candidaturas para los comicios de mayo pasado hubo decenas de denuncias de alteraciones de derechos obtenidos en los casos en que hubo convenciones o votación de las bases. Y la Cámara Contenciosa de la JCE tuvo que disponer numerosas enmiendas para hacer respetar la democracia interna de los partidos, lo que terminó de colmar la paciencia de las cúpulas dirigenciales y selló la suerte que acaba de correr el voto preferencial. Muerto el perro se acabó la rabia.
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