Los comerciantes señalaron en un espacio pagado publicado en medios locales que el aumento que, según han denunciado ronda el 50%, afecta a una serie de empresas vinculadas al negocio como son las agencias aduaneras, marítimas y navieras y las aseguradoras.
Los comerciantes denunciaron que el Gobierno, y en especial la Dirección General de Aduanas, "han mantenido un privilegio ilegal e inconstitucional para favorecer a los importadores de vehículos nuevos, que son apenas una docena de empresas mientras perjudican las mil cien importadoras de vehículos usados".
"Los importadores de vehículos nuevos pagan impuestos aduaneros de entre 5 y un 10 por ciento, mientras que las importaciones de vehículos usados pagan impuestos que superan el 20 por ciento", explicaron en el comunicado.
Dicho privilegio, argumentaron, "genera unos beneficios excesivos para esas empresas importadoras de vehículos nuevos frente a los usados".
Asimismo, impide que "los sectores de la clase media y los de menos ingresos puedan adquirir un medio de transporte propio, que le permita mejorar su calidad de vida o simplemente usarlo como medio de transporte".
La situación, según los importadores, "es una injusticia y al mismo tiempo una violación a los preceptos constitucionales, que le permite a esas empresas ganancias astronómicas".
El comunicado fue firmado por la Asociación de Empresas Distribuidoras de Vehículos, la Asociación de Importadores de Vehículos Usados y la Asociación de Dealers del Cibao (la zona norte del país), quienes reclamaron "un tratamiento justo e igualitario frente a la ley".
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