Mesas de debate de la IPAC criticaron la falta de voluntad política para atacar la corrupción pública. “Advierto que en la defensa del pueblo no tengo amigos”, dijo el presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, cuando se refería a la corrupción como una realidad que “obstruye el camino pleno al desarrollo”. Con esta frase, el mandatario le arrancó aplausos a algunos, pero alimentó el escepticismo de los que están cansados de oír discursos que distan mucho de las prácticas.
En medio de un auditorio que lo festejaba, anunció que estaba trabajando en un nuevo intento de combatir la falta de transparencia y la corrupción pública en el país: se trataba del surgimiento de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), conformada por representantes del Estado, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales.
A este equipo se le encomendó la tarea de formular las propuestas que servirían como mecanismos para que el Presidente materialice la “voluntad” que expresaba en su disertación.
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| Alrededor de 200 especialistas, divididos en diez equipos, debatieron sobre las iniciativas necesarias para combatir la corrupción administrativa. |
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Este monto no incluye las inversiones que habría que llevar a cabo en los sectores Agua, Educación y Gestión Financiera, que todavía no determinan la cantidad de recursos necesarios para materializar su sus propuestas.
Hasta el momento, el sector que requiere de un mayor presupuesto es Servicio Civil, que demanda US$4.9 millones. A este le siguen los Organismos de Control (Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa, Cámara de Cuentas y Contraloría General), que requieren US$3 millones 560 mil.
En la actualidad, los informes con las propuestas son analizadas por diez agencias internacionales que tienen un mes para evaluar en cuáles propuestas y aspectos -técnico o financiero- pueden colaborar.
Los organismos internaciones que participan con esta iniciativa son el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Unicef, Usaid y la Agencia Española de Cooperación.
Según Roby Senderowitsch, representante del Banco Mundial en el país, las conclusiones de estas evaluaciones serán conocidas por los distintos sectores en un taller que tendrá lugar a principios del próximo mes.
El funcionario del organismo internacional dice que, más allá de la identificación de problemas y la elaboración de las propuestas para su solución, está el gran reto de aplicar y dar seguimiento a estas recomendaciones, que en gran medida, provienen del propio Estado dominicano.
Contrataciones y Adquisiciones
La mesa que abordó este tema entiende que la mayoría de las entidades del Estado no cumple la ley de Compras y Contrataciones Públicas “debido a la falta de compromiso de los funcionarios y la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y control de los órganos estatales correspondientes”.
Reparan en que las contrataciones públicas constituyen el 40% del presupuesto nacional y alrededor del 40% del PIB. “Se estima que un ahorro del 1% en los procesos de contrataciones públicas podría traducirse en aproximadamente 3,400 millones de pesos, los cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y oferta de servicios necesarios para el desarrollo del país”, dice el informe de esta mesa de trabajo.
Entre las propuestas que hacen está que el Portal Compras Dominicanas del Ministerio de Hacienda pase a la Dirección de Contrataciones Públicas y sea convertido en un portal transaccional. Esto podría implicar un costo aproximado de un millón de dólares. También proponen la creación de un mecanismo de monitoreo social permanente que podría costar US$100 mil al año. Esto permitiría dar seguimiento al cumplimiento o no de las normativas vigentes sobre compras y contrataciones.
Este equipo destaca que para poder impulsar la reforma del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno “se necesita del apoyo político al más alto nivel”.
Servicio Civil
Según indica el documento sobre este tema, hasta el 14 de junio de este año sólo el 21% (38,000) de los 180 mil servidores públicos incorporables estaban en la Carrera Administrativa. También refiere que 80 instituciones han aplicado el Marco Común de Evaluación para realizar sus autoevaluaciones en los últimos cinco años. Los participantes de esta mesa recomiendan que el Estado trabaje en incorporar la Carrera Administrativa y aplicar la Ley 41-08, de Función Pública. Para esto proponen las siguientes actividades:
-Incorporación a la Carrera Administrativa: US$500,000 para la implementación y el seguimiento.
-Aplicación del Marco Común de Evaluación, que costaría US$1 millón.
-Implementación del SASP al nivel del gobierno central: US$ 350,000.
-Divulgación y sensibilización: US$1 millón en talleres para la concientización y campaña publicitaria.
-Creación e implementación de la ventanilla única en 3 sectores, que costaría US$ 1,000,000 por sector.
Esta mesa también llama la atención sobre la necesidad de someter el anteproyecto de Ley Orgánica. Recomienda “que las instituciones comisionadas entreguen al Gobierno la propuesta de ley y que a su vez sea sometida a un proceso de consenso con el Consejo Económico y Social, previo a ser introducida al Congreso Nacional”.
Gestión Financiera
El decreto 211-10, emitido con el fin de mejorar los servicios públicos, no se está cumpliendo. Esto preocupa a los miembros de esta mesa, que manifestaron que “la mayoría de los titulares y administradores de entidades públicas tiene un conocimiento pobre sobre aspectos claves de gestión de los recursos públicos que le fueron confiados”. Agregan que a estos se suma la falta de transparencia en mecanismos decisorios y el secretismo o la “discrecionalidad en sistemas de autorizaciones”.
“En el ciclo financiero prevalece un débil control interno, inobservancias legales o malas prácticas gerenciales, y se refleja en las áreas estratégicas vinculadas a las operaciones claves de la entidad. Hay falencias en los mecanismos de incentivos y sanción para los titulares que se apartan de las buenas prácticas gerenciales y normas vigentes”, indican.
Recomiendan la implementación de una cuenta única del tesoro que ayude a hacer más transparente la gestión de los recursos públicos y a eliminar “miles de cuentas bancarias que hoy son operadas discrecionalmente”. Esta iniciativa podría ser ejecutada en 12 meses.
Este equipo también propone publicar la información presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), implementar el decreto número 211-10, sobre el Sistema Común de Evaluación (CAF) y mejorar la coordinación y articulación de las decisiones financieras.
Acceso a la Información
Este equipo repara en que alrededor del 66% de las instituciones públicas no tienen oficina de acceso a la información a pesar de haber vencido el plazo para su instalación otorgado por el Reglamento 130-05. Asegura que que las entidades que cuentan con esta oficina tienen muchas carencias, pues, entre otras razones, no se aplican controles para garantizar la calidad de la información que se publica. Se añade el hecho de que no exista una estandarización para la presentación de las informaciones requeridas por la Ley, ni una entidad independiente que garantice su cumplimiento. Por otra parte, critican que los ciudadanos tienen escaso conocimiento de los derechos que le otorga esta legislación. Para contrarrestar este escenario la mesa elaboró seis propuestas. Aunque todavía no hay estimaciones de los costos totales que su realización puede implicar, las actividades cotizadas hasta el momento suman US$824,130. Entre las propuestas está instruir a los funcionarios que encabezan las instituciones para que en un plazo de 90 días se cumpla con el mandato del artículo 3 de la Ley 200-04 y del 21 de su reglamento. Esto implicaría la creación un formato estándar para la presentación de las informaciones, su actualización constante y la inclusión de auditorías periódicas. Estos instrumentos deberían estar listos en 180 días y costarían US$299,640.
Infraestructura
Esta mesa identifica como problema básico el hermetismo con que se manejan los contratos de obras públicas en el país. Los especialistas que este manejo hace que los contratos sean “fuentes que facilitan la corrupción debido a que los que deberían ser procedimientos normales, estandarizados y transparentes, se convierten en procesos tortuosos”. Para que estos procesos sean más transparentes este equipo propone la creación de un sistema de monitoreo que permita dar seguimiento a los contratos. El uso de este sistema, que sería obligatorio para todos los contratos, contribuiría a la implementación efectiva de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Para el sistema que proponen se requiere de una reglamentación oficial para la ejecución de contratos de obras y de indicadores de avance de la ejecución de los contratos. También sería necesario monitorear las enmiendas y órdenes de cambio, aplicar fórmulas de ajustes de precios, índices de costos y precios y que se hagan publicaciones de los pagos y la prevención de conflictos potenciales. Se recomienda un plazo de seis meses para la práctica de estas propuestas. En lo relativo al costo, la mesa de trabajo entiende que la creación de un sistema de monitoreo podría implicar una inversión que estaría entre US$500 mil y US$1 millón, mientras la creación del un índice de precios costaría alrededor de US$100 mil.
Organismos de Control
Son frecuentes las denuncias públicas sobre irregularidades o falta de transparencia en las compras y contrataciones del Sector Salud, resalta el equipo del IPAC que abordó este tema. Para contrarrestar una realidad en que los intereses personales amenazan el acceso de la población a la salud, la mesa propuso:
1) La unificación de las compras de medicamentos a través de Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo logístico ( PROMESE/CAL).
2) La creación de un sistema único de suministro para el Sistema Nacional de Salud.
3) El desarrollo de un subsistema de gestión de medicamentos del sistema único y global para la red de proveedores de servicios de salud.
4) Fortalecer la Dirección General de Drogas y Farmacias (DGDF) del Ministerio de Salud Pública.
5) Por último, crear un mecanismo amplio de participación para la concertación y el seguimiento de las propuestas de la IPAC para el Sector Salud.
Para aplicar estas propuestas de manera eficiente recomiendan, antes que todo, desarrollar algunos instrumentos y llegar a acuerdos entre todos los actores del sector en torno a la necesidad de un Sistema Nacional de Suministros (SISUM). El seguimiento de esta propuesta podría costar alrededor de US$50,000, según las estimaciones.
Educación
En la educación también fueron identificadas serias dificultades que mitigan el impacto de algunas iniciativas que pretenden mejorar el sistema. El equipo que trabajó este tema se refirió a las pruebas nacionales, que son aplicadas en los niveles básicos y medio. Criticaron que pese a contar con este instrumento de evaluación las distintas administraciones de Educación no han sabido aprovechar sus resultados para tomar decisiones y, en sentido general, mejorar el sistema. También indican que el flujo de información desde las escuelas hacia el Ministerio de Educación es un proceso con deficiencias en el cual se puede perder parte de los datos. Para enfrentar estas y otras debilidades señaladas, la mesa formuló varias propuestas, entre las que figuran: mejorar el sistema de registro, cumplir con el calendario escolar y agrupar organizaciones de la sociedad civil que ayuden a fortalecer los comités de padres, madres y tutores. La inversión necesaria para desarrollar estas y otras propuestas contempladas por la IPAC no está disponibles aún.
Energía
Las discusiones sobre la corrupción en el sistema energético desencadenaron cuatro propuestas: primero, mejorar los procesos de compras y adquisición de servicios. En este sentido, la mesa afirma que “una parte importante de las compañías subcontratadas para prestar varios servicios a las distribuidoras no cumple con el perfil adecuado y el proceso no siempre es transparente”. Considerando esta situación señalan que es precioso crear un “registro de empresas elegibles” para dar estos servicios. Esta propuesta podría ser desarrollado entre tres y seis meses con un costo de US$70,000. La segunda propuesta es la creación de un portal sobre el tema energético que contribuya a la transparencia en ese sector, que estaría lista en seis meses y costaría US$60,000. También recomiendan certificar las empresas que puedan dar servicios de auditoría energética para mejorar las instalaciones domésticas. Esto costaría US$36,000. La última propuesta, que tendría un costo de US$218,950, consiste en un programa para educar y crear conciencia sobre el ahorro de energía.
Agua
La mesa identifica dos causas esenciales en el desorden que sufre el país en materia de agua: la falta de un marco legal y la consecuente dispersión de funciones. “En diversas ocasiones se ha tramitado para aprobación al Congreso Nacional proyectos normativos del sector que por diversas razones no han sido aprobados. Actualmente el sector se encuentra huérfano de marco legal”, indica la IPAC. Como parte de la solución el equipo plantea, por un lado, la elaboración y promulgación de la Ley de Agua, de la Ley de Agua potable y Saneamiento y de reglamentos que permitan la aplicación de las leyes generales que afectan al sector, como la Ley 340-06, de Contrataciones de Bienes y Servicios. En cuanto a este último punto, este equipo sostiene que “el diseño inadecuado de procedimientos de dicha ley promueve su no aplicación por parte de las instituciones del sector”. También refieren la necesidad de identificar (no necesariamente crear) una entidad reguladora y supervisora en el sector, así como de diseñar y ejecutar sus funciones.
Salud
Este equipo critica las debilidades y limitaciones de los organismos de control de la corrupción: la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD), la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Contraloría General de la República (CGP). “Tanto la CCRD como la CGR han realizado algunos avances en sus respectivos planes, pero no existe actualmente garantía alguna de la continuidad.. por las carencias presupuestarias”, indica. Agrega que la situación del DPCA es crítica, pues apenas cuenta una Caja Chica para su desempeño. La propuesta es fortalecer estos organismos en lo institucional y operativo. Los especialistas contemplan actividades con un costo de al menos US$3 millones en tres años. Establecen que el 10% de estos recursos sería asignado a la DPCA, un 45% a la CCRD y esa misma partida para la CGR. También proponen fortalecer el control interno de esas entidades (incluyen actividades que podrían costar hasta US$60 mil) y la declaración de 2011 como “Año de la transparencia y la rendición de cuentas”, que podría costar US$500 mil.
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