La sentencia contra Suero Féliz incluye, además, el pago de RD$5 millones a favor del suplantado, Odalís Elías Tejeda Hernández
Probablemente la Justicia quiso dar una lección ante un delito que se hace cada vez más común, como es lograr la expedición de cédulas con identidades falsas. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a ocho años de prisión a Máximo Suero Féliz, acusado de hacerse expedir dos cédulas con identidades falsas. Con estas cédulas el hombre cometió varios fraudes bancarios, todos millonarios. La sentencia también lo obliga a indemnizar a la JCE con un millón de pesos.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 8 años de prisión a Máximo Suero Féliz, acusado de hacerse expedir dos cédulas de identidad falsas, con las cuales cometió varios fraudes bancarios.
También tendrá que pagar una indemnización de RD$1 millón a la Junta Central Electoral (JCE).
Suero Féliz se hizo expedir las cédulas números 225-0058773-2, a nombre de Odalis Elías Tejeda Hernández, y 004-0019901-4, a nombre de Rafael Bonifacio Contreras.
Los fraudes. Con la primera cédula, Suero Féliz se hizo transferir un inmueble propiedad de Tejeda Hernández valorado en unos RD$50 millones, el cual puso en garantía para obtener préstamos bancarios, hizo transferencias y firmó diferentes tipos de contratos.
La sentencia contra Suero Féliz incluye, además, el pago de RD$5 millones a favor del suplantado, Odalís Elías Tejeda Hernández.
Indemnización JCE. La JCE se querelló contra Suero Féliz por ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, por violación al artículo 148 del Código Penal, relativo al uso de documentos falsos, y a los artículos 7 y 13 de la Ley 892 sobre Cédula de Identidad, que sanciona ese hecho con penas de 3 a 10 años de prisión, según lo establecido en el artículo 147 del Código Penal.
La JCE fue representada en el caso por el doctor Demetrio Francisco de los Santos, encargado de la Unidad de Litigio, quien en la querella solicitó la condena para el imputado y una indemnización por los daños y perjuicios demostrados, según un informe documental.
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