Fiscales de San Cristóbal serán investigados por denuncia de corrupción

SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República ordenó ayer una investigación a los fiscales del Distrito Judicial de San Cristóbal, a quienes un informe del Departamento de Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia acusa de negociar con delincuentes.

Mediante la circular 579, la Procuraduría designó para tales fines a los procuradores adjuntos Ramón Arístides Madera Arias y Bolívar Sánchez, y al fiscal adjunto Edward Núñez. En esa misma circular el procurador, Radhamés Jiménez, dispuso que las investigaciones se inicien de inmediato y ordenó a la comisión que rinda un informe.

Jiménez dijo que si se confirma la veracidad de la denuncia los fiscales serán sometidos a un proceso disciplinario, y será ahí donde se determinará su suerte. Según el informe de la Inspectoría Judicial de la Suprema, cuyo fin era investigar la actuación de la jueza Regina Carvajal Vizcaíno, "los fiscales de San Cristóbal no tienen calidad moral para cuestionar a la magistrada de cometer actos de corrupción porque quienes sí están altamente cuestionados son algunos de ellos".

Cita el caso de un fiscal a quien un imputado le reclamó durante una audiencia que el anillo que llevaba puesto era de su propiedad, y también que un fiscal adjunto recibió dinero de un imputado y cuando se "desató el lío, sus superiores le dijeron que devolviera el dinero, dejándolo en su cargo sin ninguna sanción".

Pero a los fiscales de San Cristóbal no sólo se les hacen estos señalamientos, abogados y ciudadanos consultados por DL también se quejan de debilidades en la instrumentación de expedientes, sobre todo de narcotráfico, y de dejadez en el manejo de casos. Un ejemplo lo expuso el abogado Víctor Lamais, que dijo que un defendido suyo acusado de supuesta violación podría ser eximido porque "el fiscal no ha formulado la acusación como dispuso el juez".
Desmoralizados
Ante tal situación, muchos sancristobalenses se sienten inconformes y desmoralizados con la actuación tanto de los jueces como del Ministerio Público.
Alegan contubernio entre las dos partes y cuestionan el hecho de que todos los casos espinosos terminen en San Cristóbal, y con sentencias de descargo. La última "cornada", que según los ciudadanos dio la justicia fue el descargo del coronel Pablo Manuel Velázquez, quien había sido condenado a 20 años de prisión por el asesinato del mayor José Miguel Herrán Mancebo.

"Aquí hay tres mercados que están en línea y dicen que el mayor es aquel (señala el Palacio de Justicia), que ahí se mueve más dinero que en el de comestible", expresó Rafael Arias Montás. "Por donde yo vivo mataron a un muchacho de diecisiete años, agarraron al matador preso en Baní y cuando lo trajeron aquí al otro día lo soltaron. Eso está sucediendo, agarran un delincuente y por dinero lo sueltan", dijo Héctor B. de los Santos. Sin embargo, no todos le lanzan dardos a los jueces y fiscales. Ruddy Mesa entiende que hacen su trabajo y que el problema es el Código Procesal Penal, que dice que si no presentan las pruebas, no hay caso.
Se defienden
Fiscales consultados sobre el escándalo consideraron el informe como una intromisión y lo rechazaron por "ser infundado y carente de pruebas". "Nosotros hemos actuado de forma transparente y está la población para evaluar el trabajo que ha hecho el Ministerio Público", dijo Félix Santana. En tanto, Fernelys Rodríguez, uno de los señalados, expresó que se "remitía a que la Procuraduría investigue cada caso". Sugirieron buscar las sentencias para ver las actuaciones de cada quién.

De Y. Alcántara/Y. Rosario