Santo Domingo.- La desconfianza que existe entre la Policía Nacional y los ciudadanos residentes en los barrios más afectados por la violencia es un elemento que dificulta la eficacia del programa contra la criminalidad lanzado por el gobierno en el 2005, señala un estudio.Según la investigación realizada por Leopoldo Artiles, de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social de la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo, mientras los ciudadanos consideran que la Policía es deficiente, violadora de los derechos humanos, corrupta y asociada con los delincuentes, los policías a su vez expresan que los ciudadanos son apáticos, encubridores y temerosos de denunciar a los delincuentes.
“Ante ese grado de desconfianza es necesario utilizar figuras mediadoras aceptadas por ambas partes en los proyectos de intervención para lograr la cooperación de las mismas”, agrega el experto en el estudio titulado “Seguridad Ciudadana en República Dominicana, desafíos y propuestas de política”.
La misma investigación determinó que República Dominicana ha logrado reducir moderadamente el índice de criminalidad desde 2005, año en que se inició el Plan de Seguridad Democrática, pero las tasas de homicidios continúan en niveles “epidémicos” para los organismos internacionales.
Artiles propone analizar a fondo la “percepción de ineficacia e incapacidad” que tiene la población acerca de la Policía Nacional, que en ocasiones llega a una “percepción de complicidad de la Policía con los autores de los delitos”, según la encuesta de Enhogar 2005.
El experto señala que si se toma como referencia la encuesta de Latinobaró tro del año 2007, “el 75% de la población temía ser victimizada en ese año”, lo que a su juicio puede interpretarse como “una evidencia de percepción de alta inseguridad ciudadana”.
Advierte que el Plan de Seguridad Democrática que aplica el gobierno no se puede reducir a la contención de la delincuencia mediante la fuerza policial, sino que hay que hacer énfasis en políticas sociales que fomenten la prevención del delito.
El estudio aconseja fortalecer los programas educativos y otras políticas sectoriales para facilitar la adquisición de viviendas, construcción de instalaciones deportivas, formación técnica y vocacional para jóvenes, lo que a su juicio contribuiría a prevenir carreras criminales o ponerles fin a las iniciadas.
Asimismo, estima que las políticas de hacer énfasis en la represión policial o aplicación de “mano dura”, además de vulnerar los imperativos del Estado de derecho en una nación democrática, han probado que no disminuyen la criminalidad, por lo que lo más eficaz es “disciplinar civilizadamente a la población para vivenciar y resolver los conflictos y carencias por las vías institucionales aprobadas”.
Artiles señala que desde el año 2001, el predominio de políticas de “mano dura” condujo a mayores intervenciones en barrios populares, con vigilancia, redadas, operaciones sorpresivas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, registro de vehículos en busca de armas o evidencias delictivas, pero “estas acciones no aminoraron la fuerte percepción de incremento de la criminalidad y la delincuencia callejeras, afectando sensiblemente el sentimiento de seguridad pública”.
“La estrategia policíaca basada en la represión (o contención) de los delincuentes ha resultado ser limitada y su eficacia de muy corto plazo en términos de efectividad”, indica el estudio.
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