El presidente Medina otorga un plazo a Barrick Gold para que se siente a renegociar contrato

El presidente Danilo Medina expresó hoy su firme decisión de procurar una renegociación del contrato con la empresa canadiense Barrick Gold, tras definir como “inaceptable” que la minera se lleve el 97% de los recursos obtenidos por la exportación del oro extraído de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí.

Al pronunciar su primer discurso de rendición de cuentas ante el Congreso, el primer mandatario destaca que fruto del reajuste de los precios del oro en el mercado internacional, la Barrick Gold se ganaría 1,753 millones de dólares anuales, frente a los 56 millones que percibiría el Estado dominicano.
Para el mandatario esa ecuación es “sencillamente inaceptable”.

Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de la Barrick Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato, pues el esquema actual de distribución de ingresos, luego del alza en los precios del oro en el mercado mundial, es inaceptable.

Sus extensas palabras  sobre el tema Barrick Gold son las siguientes:

Señoras y señores


Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con el principio de la seguridad jurídica para la inversión. Soy un fiel creyente en la sana inversión extranjera para estimular el crecimiento del ingreso, el empleo, la reducción de la pobreza y la generación de divisas, en economías emergentes como la nuestra.
En este contexto, quiero ahora referirme a un tema que desde hace meses se viene debatiendo en el país, y sobre el cual un número creciente de sectores, grupos, y líderes de la sociedad dominicana han estado reclamando una definición del Gobierno. Me refiero, al contrato entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.

La inversión extranjera que se ha producido en el Proyecto Barrick Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país en toda la historia.
Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones de dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado dominicano contrató con la SGS de Suiza.

Estoy convencido de que la Barrick es una empresa seria, comprometida con una minería responsable, y cumplidora de las normas y mejores prácticas para proteger nuestro medio ambiente.

Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos merece atención especial, tanto por parte del Gobierno como de la empresa Barrick Pueblo Viejo: los beneficios fiscales que genera el proyecto y la nueva situación que se ha presentado, luego de que los precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado niveles de entre mil 600 y mil 900 dólares la onza en los últimos años, como consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008. 

El 25 de marzo de 2002, fecha en que se aprobó el Contrato para la explotación del oro entre el Estado dominicano y la empresa Placer Dome, el precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la onza.
Ese contrato fue adquirido por Barrick Gold cuando el 19 de enero del 2006 esta empresa compró las acciones de Placer Dome. El día de la compra de las acciones, el precio del oro cerró en 555 dólares la onza.

El 27 de septiembre del 2007, Barrick Gold solicitó, a través de carta dirigida a la Ministerio de Industria y Comercio, la flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el Gobierno había acordado con Placer Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732 dólares la onza. 

A pesar de que el Gobierno dominicano podía aferrarse a lo establecido en el Contrato original con Placer Dome, mostrando una actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse en la mesa de negociación con la empresa Barrick Gold, para revisar los aspectos fiscales del Contrato que esta había adquirido.
El 11 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda al contrato con Placer Dome, en el cual se establecieron modificaciones al régimen fiscal del contrato.

Como acertadamente sentenció el Presidente Barack Obama en su discurso inaugural el pasado 21 de enero, “cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar”. Y nadie, absolutamente nadie, puede negar que luego de la crisis financiera de 2008, los tiempos de hoy son muy diferentes a los de principios de la década.

El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi 6 veces más alto que el de marzo del 2002, es un reflejo de la magnitud del cambio.

Fue eso lo que nos motivó, desde que asumimos la Presidencia de la República el pasado 16 de agosto del 2012, a designar una Comisión Oficial de Alto Nivel, bajo la coordinación del Ministro de la Presidencia, con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos de la empresa Barrick Pueblo Viejo.
El objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema fiscal establecido en el contrato, dado el cambio dramático que ha tenido lugar en el precio del oro en el mercado de Londres.

Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses, sin que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos, entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro.

A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de adelantar el pago de impuestos futuros, lo que implicaría que el Gobierno actual estaría apropiándose de recursos que le corresponderían a las próximas administraciones. 

Que no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una operación como la planteada por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta nuestra administración.

Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la explotación de oro en Pueblo Viejo, con un precio promedio de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la onza de plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por 2 mil 600 millones de dólares en los dos primeros años de producción, asumiendo exportaciones de  1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total invertido en poco más de dos años.

Nunca antes, en la historia de la humanidad, se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo, mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos primeros años.

De los mil 753 millones de dólares de ingresos anuales de exportación, el Gobierno dominicano apenas recibiría 56 millones de dólares.
En otras palabras, durante los primeros años, de cada 100 dólares de ingresos de la exportación de oro y otros metales, la Barrick recibiría
97 dólares y el pueblo dominicano tres. 
Dominicanas y dominicanos. 

¡Eso es sencillamente INACEPTABLE!
Estoy consciente que ni el Gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la culpa de este resultado. La verdad es que ninguno de los dos previeron, y quizás no podían prever, lo que iba a suceder con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló en septiembre del 2008. 

Pero la realidad es que la situación cambió. Que las circunstancias ahora son muy diferentes. Y si por mutuo acuerdo no modificamos los términos fiscales del contrato durante los primeros años, la Barrick se quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada.
Dominicanos y dominicanas, 

Yo, Danilo Medina, les aseguro que eso no sucederá. 
Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de la Barrick Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato, pues el esquema actual de distribución de ingresos, luego del alza en los precios del oro en el mercado mundial, es inaceptable.

Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite. Y más para un gobierno que está a diario en la calle y ve dibujadas en el rostro de nuestra gente las urgencias de una mayor inversión de recursos, que le permitan mejorar sus condiciones de vida. 

Si la empresa Barrick Pueblo Viejo mantiene la posición intransigente que ha exhibido hasta ahora, el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados.

Pasado un plazo prudente, someteremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre los Ingresos Inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el cual gravará, con una tasa justa, el excedente entre el valor de las exportaciones de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el precio de referencia para cada uno de los minerales.

Ese precio se fijará en función de los precios vigentes en los tiempos en que los contratos originales fueron adquiridos u otorgados a las actuales empresas dedicadas a la explotación de minerales. El impuesto sobre los ingresos inesperados liquidado operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades netas (PUN) de 28.75%.

Los ingresos que se obtengan de este impuesto serán destinados a la inversión social y al combate de la pobreza.
Estoy seguro que esta iniciativa recibirá el apoyo mayoritario y expedito de los legisladores de todos nuestros partidos políticos presentes en esta Asamblea Nacional. 
Sé que algunas empresas argumentarán que sus contratos contienen cláusulas de estabilidad fiscal durante la vigencia de los mismos que impiden la creación de nuevos impuestos que las afecten.

Mi respuesta a esa argumentación es la siguiente. Primero, la introducción del nuevo impuesto no reducirá el valor del contrato original adquirido u otorgado a la empresa. Lo que el nuevo impuesto haría sería distribuir el aumento en el valor del contrato, generado por el alza inesperada de los precios, asignándole un porcentaje justo del incremento al pueblo dominicano y el resto a la empresa.

Segundo, al igual que sucede en los países desarrollados que rechazan las solicitudes de cláusulas de estabilidad fiscal, en nuestro caso las decisiones que hayan tomado los Poderes Legislativos en el 2002 y el 2009, no pueden atar de manos al actual ni a los futuros Congresos que elija el pueblo dominicano, pues esto violaría los derechos de soberanía.

No es por casualidad que Estados Unidos, Canadá e Inglaterra no permiten la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos de explotación petrolera y minera.
Y tercero, el contrato inicial con Placer Dome contenía cláusulas de estabilidad fiscal similares y el Gobierno, a solicitud de la Barrick Gold, accedió a sentarse en la mesa de negociaciones para modificarlo a favor de la empresa.

Ahora, que los elevados precios favorecerían de manera exagerada y exclusiva a la empresa en los primeros años, corresponde a la empresa aceptar la invitación del Gobierno para que, por mutuo acuerdo, modifiquemos la distribución de los ingresos que generará la explotación del oro de Pueblo Viejo.
Las modificaciones de los esquemas fiscales acordados con las empresas petroleras y de minerales han sido la regla y no la excepción en el mundo minero, a raíz de los aumentos inesperados de precios que han tenido lugar en los últimos años.

Lo que el Gobierno dominicano está requiriendo, no es algo muy diferente a los cambios fiscales ejecutados en: Argelia en 2006, en Argentina en 2002, 2004 y 2006, en Australia en 2008, en Bolivia en 2005, 2006 y 2007, en Canadá en 2007, en China en 2006, en Ecuador en 2006, 2007 y 2008, en India en 2008,  en Inglaterra en 2002 y 2005, en Italia en 2008, en Kazajistán en 2008, en Mongolia en 2006, en Nigeria en 2008, en Papúa Nueva Guinea en 2008, en Rusia en 2002 y 2003, en Estados Unidos en 2005, 2006 y 2007, en Venezuela del 2002 al 2008, en Vietnam en 2008,  y en Zambia en el 2008.

No somos, por tanto, los únicos que estamos reclamando una mayor justicia distributiva de los beneficios generados por la explotación de los recursos no renovables. 

Señoras y señores;
Quiero que me escuchen bien: El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperon, es del pueblo dominicano.
¡De nadie más! 

Y sólo podrá ser extraído, procesado y exportado, si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de este recurso no renovable, son justas y favorables para las dominicanas y los dominicanos. Y en los actuales momentos no lo son.  
De todas formas, les repito, el Gobierno favorecerá el mantenimiento del mejor clima para la inversión nacional y extranjera.

El anuncio sobre la Barrick Gold salvó el discurso de Medina, dice Guillermo Moreno

La anunciada decisión de revisar el contrato con la minera canadiense Barrick Gold salvó el discurso que pronunció este miércoles el presidente Danilo Medina, tres cuartas partes del cual estuvieron dedicadas a repetir promesas de campaña.

El presidente de Alianza País, que declara su apoyo a todas las acciones que empresa el gobierno para recuperar el oro “que en justicia corresponde a la nación dominicana”, entiende que el de hoy fue un discurso “de pequeñas cosas” que no define claramente una estrategia ni una visión del desarrollo nacional.

Además, apunta Moreno, en lo dicho hoy por Medina hay temas notoriamente ausentes, entre ellos el déficit dejado por el gobierno de su compañero de partido Leonel Fernández, la “inaceptable” alza de los combustibles, la corrupción, la impunidad, el endeudamiento externo, la revisión del contrato con los generadores, la explotación de Loma Miranda y la inseguridad ciudadana.

No obstante de lo dicho hoy por Medina derivan varias lecciones, dice el dirigente político opositor, y cita la falta de vergüenza y dignidad de los legisladores que hoy aplauden la revisión de un contrato que aprobaron sin leer siquiera, la calificación de “inaceptable” que da el mandatario a un contrato firmado por un gobierno de su partido y el “descubrimiento” de que el oro de Pueblo Viejo pertenece a los dominicanos.

“Los mismos que alabaron el funesto poder especial otorgado por el presidente de la República para hacer un acuerdo transaccional con los estafadores de los terrenos en Bahía de las Águilas, luego pasaron sin sonrojo a alabar la decisión del presidente de rectificar el error cometido”, concluye el líder de Alianza País.

Independencia Dominicana 169 aniversario

La Trinitaria.
El 16 de julio de 1838 se funda la sociedad secreta La Trinitaria, con el objetivo de difundir las ideas independentistas y de lograr efectivamente la independencia del país. El joven Juan Pablo Duarte, hijo de comerciantes y perteneciente a la pequeña clase media de la ciudad de Santo Domingo, es el líder de esta asociación de carácter liberal que encarna los más altos ideales de la República Dominicana. 

Juramento
El juramento redactado por Juan Pablo Duarte, y con el que se sella la fundación de la Trinitaria, expresa lo siguiente:
“En nombre de la Santísima, Augustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente: juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar un república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca.

”Mientras tanto seremos reconocidos por los Trinitarios, con las palabras sacramentales de Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta; y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo.”

Miembros fundadores
Fueron nueve: Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Félix María Ruiz, Felipe Alfáu, José María Serra, Juan Nepomuceno Ravelo, Jacinto de la Concha, Pedro Alejandrino Pina y Benito González.

Organización
Como actuaban en la clandestinidad y necesitaban evitar la delación, se estructuraban en células de tres personas llamadas iniciados. Cada uno de sus miembros respondía a un seudónimo, y se comunicaban entre sí con un alfabeto criptográfico creado por Juan Pablo Duarte.

Labor de difusión
Los trinitarios desarrollaron una poderosa labor educativa en torno a los ideales nacionalistas e independentistas. Crearon para ello dos sociedades culturales (La Filantrópica y La Dramática) que llevaban a escena obras teatrales en las que se representaba la lucha contra la opresión de otros pueblos.

Los trinitarios y el derrocamiento de Boyer. Mientras los trinitarios se consolidaban y adquirían fuerza en el antiguo Santo Domingo español, del lado de Haití se había venido estructurando una fuerte oposición al presidente Boyer, que se aglutinó bajo la “Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, también conocida con el nombre de “La Reforma”. Los trinitarios colaboraron con este movimiento que llevó al poder a Charles Hérard a principios de marzo de 1843, sirviendo Ramón Matías Mella y Juan Nepomuceno Ravelo (miembros de la trinitaria) como emisarios especiales para la coordinación de la conspiración entre ambos lados de la isla; en tanto que Juan Pablo Duarte se encargó en distintos pueblos de ayudar a la conformación de juntas populares que tenían por misión la elección de las nuevas autoridades locales.

Otros grupos separatistas.
La destitución de Boyer intensificó la actividad de los sectores separatistas que se habían ido configurando en el lado este de la isla:

•  Grupo pro-español, con los sacerdotes Gaspar Hernández y Pedro Pamiés en Santo Domingo, y, en Puerto Plata, el General Andrés López Villanueva. Procuraba la vuelta a España.
•  Grupo pro-inglés, encabezado por un propietario de las Matas de Farfán, llamado Pimentel. Procuraba la ayuda de Inglaterra en la lucha de separación de Haití, a cambio del otorgamiento de ventajas comerciales.
•  Afrancesados, conformado en su mayoría por personas que ocuparan puestos administrativos en el gobierno haitiano, buscaban contar con la ayuda de Francia a cambio de privilegios políticos, arancelarios y territoriales, como la cesión a perpetuidad de la Bahía de Samaná. Buenaventura Báez, propietario acaudalado de Azua, y el abogado y comerciante Manuel Joaquín Delmonte eran sus principales figuras.

Triunfo de los trinitarios en las Juntas Populares.
Como base para la preparación de una nueva Constituyente que reformaría la Constitución haitiana, el gobierno de Charles Hérard dispuso la celebración de elecciones en las Juntas Populares, a fin de conformar los Colegios Electorales correspondientes. El triunfo de los trinitarios en todas las demarcaciones del lado dominicano en junio de 1843 hizo que el nuevo gobierno haitiano decretara su persecución. Se ordenó el apresamiento de sus integrantes conocidos (cayeron presos, entre otros, Ramón Matías Mella, José Joaquín Puello, Juan Nepomuceno Ravelo, Pepillo Salcedo y Esteban Roca); Juan Pablo Duarte tuvo que exilarse en Venezuela.

Manifiesto separatista del 16 de enero de 1844.
No obstante su desarticulación momentánea, los trinitarios pudieron reponerse bajo el liderazgo de Francisco del Rosario Sánchez, Vicente Celestino Duarte y Ramón Matías Mella, excarcelado poco tiempo después de su apresamiento. Aprovecharon el descuido de Hérard y las nuevas autoridades haitianas, que tenían su atención centrada en la consolidación de su poder en Haití. Pero también se vieron apremiados en sus pretensiones por las gestiones que hacían los afrancesados junto con el cónsul francés en Puerto Príncipe, M. Levasseur, a fin de agenciarse la “protección” de Francia y dar un golpe de Estado a los haitianos de la parte este el 25 de abril de 1844. 

Por ello, luego de que el grupo liderado por Buenaventura Báez y Manuel María Valencia lanzara el primero de enero de 1844 un manifiesto en el que justificara sus intenciones de separar al pueblo dominicano de Haití, amparándolo bajo la égida de Francia, los trinitarios se apresuraron a emitir el 16 de enero de 1844 su “Manifestación de los pueblos del Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana”. En esta especie de acta de independencia se señalan los caracteres culturales esenciales de la dominicanidad y, sobre la base de los fundamentos establecidos en el juramento trinitario, se recogen los principios básicos en que se apoyaría el nuevo Estado: 

•  Gobierno democrático.
•  Abolición de la esclavitud.
•  Igualdad ciudadana, sin distinción de origen ni de nacimiento.
•  Protección del catolicismo y su establecimiento como religión oficial, sin por ello perseguir a otros credos.
•  Libertad de imprenta.
•  Responsabilidad de los funcionarios públicos.
•  Prohibición de la confiscación general de bienes.
•  Promoción y protección de la enseñanza.
•  Reducción de impuestos.
•  Amnistía por opiniones políticas emitidas.
•  Conservación de los grados militares.
•  Protección de la agricultura, el comercio, las ciencias y las artes.
•  Emisión de moneda con garantía real. 

Redactado con la participación de Tomás de Bobadilla, dominicano que había sido funcionario del gobierno haitiano durante el período de Boyer, el Manifiesto del 16 de enero de 1844 sella en cierto sentido el pacto entre los trinitarios y una parte importante de las fuerzas dominicanas conservadoras, lo que propiciaría la inminente declaración de independencia. 

Proclamación de la independencia.
Los trinitarios proclamaron la independencia de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, con un trabucazo dado por Ramón Matías Mella en la Puerta de la Misericordia de la ciudad de Santo Domingo. Inmediatamente después pasaron a la Puerta del Conde, donde Francisco del Rosario Sánchez izó la bandera nacional, y donde se leyó y juró el Acta Constitutiva del Estado dominicano.

Al día siguiente, 28 de febrero, las autoridades haitianas capitularon. 

La República frente al caos. Las conspiraciones.

Consolidación de la independencia.
Los primeros ataques haitianos en contra del naciente estado se produjeron a inicios del mes de marzo. Los generales Pierrot y Agustín Souffront y el mismo presidente Hérard avanzaron simultáneamente sobre las tierras dominicanas: el primero por el norte, y los otros dos por el sur.

Por su parte, la resistencia de los dominicanos se organizó en torno al mando del hatero del Seibo, Pedro Santana, los coroneles Manuel Mora y Feliciano Martínez, Ramón Matías Mella y Francisco Antonio Salcedo, Antonio Duvergé, Vicente Noble y muchos otros. 

Las contiendas principales que sirvieron para consolidar al nuevo estado soberano fueron las batallas de la Fuente del Rodeo (primer encuentro armado, 11-3-1844), batalla de Azua (19-3-1844), batalla del 30 de marzo, El Memiso (13-4-1844), batalla de la Estrelleta (17-9-1845), batalla de Beller (27-10-1845), El Número (17-04-1849), Las Carreras (21-04-1849), Batalla de Santomé (22-12-1855), Batalla de Sabana Larga (último enfrentamiento con los haitianos, 24-01-1856). 

Predominio político de los conservadores anexionistas.
Las fuerzas conservadoras fueron indispensables para la declaración y primer sostenimiento militar de la independencia, y demostraron ser decisivas en la política interna desde los primeros días de la República. Los representantes de los sectores económicos predominantes, con escasa fe en las posibilidades del nuevo país, pronto relegaron a la corriente nacionalista liberal encarnada en los trinitarios. 

La presidencia de la Junta Central Gubernativa instaurada el 1 de marzo de 1844 cayó en manos de Tomás Bobadilla, antiguo funcionario del gobierno de Boyer, con gran prestigio entre los pertenecientes a la clase alta de la ciudad de Santo Domingo. Una de las primeras medidas de esta Junta fue la de tratar de concretar el famoso “Plan Levasseur”, por el que se obtendría la protección de Francia. 

Si bien los trinitarios dieron un golpe de estado para evitar la realización del referido plan (9 de junio de 1844), los mismos no duraron mucho tiempo en el control de la situación, ya que Pedro Santana destituyó por la fuerza la Junta Gubernativa liderada por Juan Pablo Duarte, reinstalando la anterior pero con el añadido de que ahora asumiría él la presidencia. 

Santana persiguió entonces a los trinitarios. Declaró traidores infieles a la patria –y desterró a perpetuidad– a Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez, Pedro Alejandrino Pina Gregorio del Valle, Juan Evangelista Jiménez, Juan José Illas y Juan Isidro Pérez.

El triunfo de la tendencia conservadora durante esta primera etapa de la República quedaría consagrado en el texto de la primera Constitución dominicana. 

Constitución del 6 de noviembre de 1844.
Fue la primera Carta Magna que se dio la República Dominicana. También se le llama la Constitución de San Cristóbal, dado que fue allí donde se redactó y sancionó. Aunque en principio establecía la separación de poderes y la preeminencia del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, la imposición de Santana, que rodeó con un batallón de soldados a la asamblea constituyente, hizo que se incluyera en el texto un artículo por el que se le daba al presidente de la República toda la potestad para disponer a su antojo sin ningún contrapeso institucional. En efecto, el artículo 210 expresaba lo siguiente: “…durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el Presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias de la nación; pudiendo, en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna”. 

La búsqueda de protectorados.
El rechazo exitoso, aunque arduo, de las tropas haitianas que cada cierto tiempo intentaban penetrar en el territorio dominicano, no fue óbice para que parte de la cúpula política siguiera procurando el favor de una potencia: Haití era vista como una amenaza. En 1846, el presidente Santana envió a Buenaventura Báez en misión diplomática ante los gobiernos de España, Francia e Inglaterra a fin de negociar el reconocimiento de la República Dominicana como estado independiente, a la vez de intentar lograr un tratado de protección con la potencia que más ventajas ofreciera. Si por el momento no se consiguió el objetivo deseado, sí se fomentó el que estas metrópolis, junto a los Estados Unidos de América, país al que también se recurrió en petición de apoyo, gravitaran fuertemente sobre la vida política de la nación. 

Francia, Estados Unidos e Inglaterra fueron los que mostraron más interés por la oferta dominicana. En el caso de los dos primeros, la posibilidad de poseer la bahía y península de Samaná constituía el mayor aliciente. Inglaterra, en cambio, a fin de mantener o aumentar su nivel de intercambio comercial con la República Dominicana –afianzado con la firma del Tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio y navegación entre ambos estados en 1850– procuraba refrenar la influencia que los otros dos países pretendían ejercer (y por ende la obtención de Samaná). Su interés de que la República Dominicana no tuviera necesidad de agenciarse la protección de una gran potencia la llevó a intentar conseguir que Haití dejara de atacar por un tiempo a su vecino del este. Y, en efecto, entre 1851 y 1855, se gozó de una relativa tranquilidad. 

Al considerar que todavía tenía derechos sobre la parte este de la isla de Santo Domingo, España se negó en principio a reconocer la independencia dominicana. Pero en 1855 tuvo que variar esta política. Los avances en las negociaciones de los Estados Unidos con el Gobierno dominicano para arrendar la Bahía de Samaná atentaban contra sus intereses marítimos en las Antillas, por lo que convino en firmar con la República Dominicana un Tratado de reconocimiento, paz, amistad, comercio, navegación y extradición (18 de febrero de 1855). Asimismo, envió ese mismo año un nuevo Cónsul a Santo Domingo, llamado Antonio María Valencia, cuya misión era dar apoyo político a todos los enemigos de Santana (que entonces era Presidente) y a los que se oponían al acuerdo con los Estados Unidos, inscribiéndolos como españoles y protegiéndolos de este modo de la persecución por parte del gobierno dominicano.