El Frente Amplio, organización que convocó a la parada cívica,
sostiene que a través de la renegociación del contrato se aspira a que
el Estado sea el accionista mayoritario de la mina de Pueblo Viejo, es
decir, que tenga al menos el 51% de las acciones del consorcio con la
concesión.María Teresa Cabrera, vocera de la actividad, tildó de “chantaje” las declaraciones emitidas este viernes por el presidente de la Barrick Gold, Manuel Rocha, quien llamó al Estado dominicano a “respetar el contrato”.
“Los recursos naturales que tiene el país son un patrimonio de la nación (…) el gobierno lo que tiene la obligación es de escuchar el reclamo de la ciudadanía, no el de la Barrick”, reclamó la dirigente magisterial.
Cabrera explicó que, de acuerdo a la experiencia de otros países, es posible la modificación del contrato, por tratarse de un acuerdo lesivo para el interés nacional: “creemos que se está construyendo un consenso alrededor de la necesidad de que ese contrato sea modificado, es posible modificarlo, simplemente tiene que haber voluntad política y compromiso”.
Resaltó la amenaza que implica para el país la relación actual que sostiene con la minera. “La entrega a estas transnacionales comporta un elemento de vinculación a la soberanía nacional, sabemos que la Barrick tiene una historia bastante oscura en donde ha estado en esta labor de saqueo”, agregó.
El grupo pide que la extracción de los minerales de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí se realice en condiciones que contribuyan al verdadero desarrollo del país, respetando el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales de la zona.
El Congreso reacciona
Paralelo a la protesta, en el Congreso el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, así como congresistas de diversas organizaciones políticas, reaccionaron también a los comentarios de Rocha.
Martínez declaró que la Cámara no cederá en su postura de que sea revisada la necesidad de modificar el contrato para que haya beneficios para el país.
Se expresaron por igual los diputados Rubén Maldonado, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Jorge Frías y José Santana del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Los legisladores coincidieron en que esperan que la empresa no se cierre a las negociaciones, manteniendo un clima de respeto. Santana consideró que de no llegar a un acuerdo será necesario recurrir al arbitraje internacional.
