SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Nuestras denuncias sobre la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel en el INDRHI se remontan a finales del 2008. Fue un grupo de empleados que nos conmovió por su desesperación en torno al dinero que ahorraban en la cooperativa de la institución, pero nunca llegaba a su destino final. Desde ese entonces, recibimos numerosas denuncias que investigamos revelando irregularidades con respecto a diversas obras y hasta la Dirección de Persecución a la Corrupción Administrativa inició una pesquiza. Por lo que les presentamos la auditoria de la Cámara de Cuentas del periodo entre enero y diciembre del 2008 que revela que las denuncias se quedaron cortas.
En Azua, abandonada quedó la construcción de la rápida del Canal de Desfogue de la Hidroeléctrica Los Toros, para colmo de males con varios adendums al contrato.
En Pueblo Viejo, también de Azua, igualmente quedó abandonada la construcción del Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II.
En la entrada de Jimaní, a las orillas del río Soliet se quedaron esperando la Construcción de un Muro de Gaviones para la protección del margen izquierdo y otro para la protección de la Toma del Canal Cachón Grande, aunque el constructor recibió el avance.
En Baní, la reconstrucción del Sifon Canal Nizao –Najayo aumento 5 veces su precio original e igualmente el Dique Santa Rita, cuya construcción aumentó en más de un 1,100 por ciento debido a los adendums.
Estas son apenas algunas de las obras de la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel en el INDRHI y denunciadas por El Informe desde el 2009 por sus irregularidades. Ahora estas mismas obras aparecen en la auditoria de la Cámara de Cuentas señaladas con irregularidades específicas entre el periodo de enero a diciembre del 2008.
Pero antes de las obras, iniciemos con la Cooperativa del INDRHI, que a finales del 2008 denunciamos que la institución le debía más de 10 millones de pesos, a pesar de que descontaban los pagos a los empleados.
Por este concepto, dice la Cámara de Cuentas, más las retenciones al personal fijo para el INAVI, Plan de Retiro, ARS Humano y la Dirección de General de Impuestos Internos, el INDHRI debía más de 30 millones de pesos en retrasos (RD$30,098,858.94) .
Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, define el desfalco como el desvió de fondos del destino original que indica la ley.
Rodríguez Pimentel en su réplica a la Cámara de Cuentas dijo que cuando asumió el cargo ya “habían atrasos” con estas retenciones o sencillamente “no se hacían.”
La auditoría añade que bajo la administración de Rodríguez Pimentel en el 2008, la entidad dejó de retener el ITBIS ascendente a 29 millones de pesos (RD$29,283,688) correspondiente al pago de honorarios y servicios.
La institución tampoco remitió a la Dirección General de Impuesto Internos la suma de RD$3,791,336.65 y RD$32,583,166.98 por retención del 5% a beneficiarios de pagos por concepto de compra de combustibles y lubricantes y ejecuciones de obras.
Igualmente no retuvo en pagos de obras RD$5,521,589.01, por concepto del 1% para el Fondo Común de Servicios Sociales, Pensiones y Jubilaciones a los trabajadores sindicalizados de la construcción y ramas afines establecida en la Ley.
Más de una docena de obras con avances por encima de lo que permite la ley, iniciadas durante la gestión de Rodríguez Pimentel en el INDHRI fueron presentadas en El Informe durante el 2009.
Ahora la Cámara de Cuentas dice que de 50 obras que recibieron pagos, 37 o sea las 3 cuartas partes recibieron avances entre el 25 y 60 por ciento del monto de los contratos, lo cual representa un porcentaje mayor de lo establecido por ley. El reglamento de la Ley 340-06 dice que no podrán entregar “un porcentaje mayor al 20% del valor del contrato”.
La auditoría señala dos obras en las que los avances fueron entregados, más de 10 millones de pesos (RD$ 10,428,139) o sea el 40 por ciento de los contratos, pero nunca iniciaron las construcciones.
Se trata del Muro de Gaviones del río Soliet en Jimaní y el de la Toma del Canal de Cachón Grande, denunciados por El Informe. Y la construcción de la Margen Derecha del río Macabón, en Gozuela de Montecristi.
Por lo menos 5 obras, 2 en Nizao, 1 en Santo Domingo, 1 en el Lago Enriquillo y otra en La Vega presentan, según la Camara de Cuentas, cubicaciones sobrevaloradas con relación a los montos ejecutados, loo que representó un valor de casi 13 millones de pesos (RD12,968,058.63). También aparece una obra pagada en su totalidad sin una sola cubicación.
Hay obras que la Auditoria dice presentaban situaciones de operación y cambios no autorizados que requerían atención especial.
Para la construcción de Compuertas de Regulación de Canales Segundarios Proyecto AGLIPO II, en el distrito de Riego del Bajo Yuna, se acordó pagar RD$ 6,908,488.08. El contratista recibió poco menos de un 50 por ciento (RD$ 3,083,285.43) en avance y cubicaciones.
Al no concluirse los trabajos, los agricultores “procedieron de manera inconsulta… a destruir parcialmente los trabajos realizados en la compuerta número uno, removiendo el trapecio de la margen izquierda y una de las columnas centrales, alegando que la forma en que estaba operando el sistema le perjudicaba, al no mantener el nivel del agua lo suficientemente alto”.
En agosto del 2008, durante la gestión de Rodríguez Pimentel se paralizaron los trabajos de la Construcción del Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II Pueblo Viejo, por falta de pago. El estado ya había erogado por un 50 por ciento de la obra, 94.5 millones de pesos (RD$94,579,464) de un contrato de 51 millones de dólares (US$51,777,321) y tres adendums por encima de los 300 millones de pesos.( RD$307,313,661).
A los contratos de otras 17 obras dice la Cámara de Cuentas, se le hicieron adendums por montos que exceden el máximo de un 25 por ciento establecido por ley.
Entre estas se encuentran 5 obras denunciadas por El Informe como un centro comunal en el Sector la Bombita de Azua que aumentó un 53.7 por ciento.
La rápida de desfogue de la hidroeléctrica Los Toros que aumentó un 55.7 por ciento.
La reconstrucción del sifón del Canal Nizao Najayo que se elevó en más de un 500 por ciento (509%).
La construcción del drenaje pluvial de aguas superficiales y subterráneas en Villa Vásquez, que se disparó con los adendums más de un 540 por ciento (541%) y la reconstrucción del dique de Santa Rita, cuyos adendums aumentaron su precio en un 1,100 por ciento (1,102%).
Dos de las obras con addedums por encima de los manda la ley, por las cuales el Estado pagó más de 81 millones de pesos (RD$ 81,511,036) dice la Cámara de Cuentas “…colapsaron y no tienen utilidad para las comunidades a favorecer”. (Toma Caño Trujillo y la Adecuación de Cauce río Yaque del Sur y Rápida del Canal de Desfogue de la Central Hidroeléctrica Los Toros).
En el 2008, la dirección del INDRHI, según la Cámara de Cuentas, ejecutó mas de 661 millones de pesos (RD$661,342,316) sin la aprobación del Consejo de administración, o sea por encima del presupuesto aprobado.
En su réplica, Héctor Rodríguez Pimentel dijo que “en el 2008 la institución recibió partidas extraordinarias por el monto señalado del Gobierno para cubrir obligaciones generadas por los fenómenos atmosféricos”.
A esto la Cámara de Cuentas dijo que “De acuerdo con el estado de ejecución presupuestario, el presupuesto de ingresos de la entidad para el año 2008 fue como sigue: 966 millones de pesos (RD$966,172,723) para gastos corrientes y 1,318 millones (RD$1,318,298,342 ) para gastos de capital. Por tanto, los valores transferidos por la
Tesorería Nacional fueron RD$850,223,809 y RD$1,097,882,393, respectivamente. Esto demuestra que los valores transferidos a la entidad estuvieron dentro del presupuesto.
Tampoco, la entidad modificó su presupuesto para cumplir con las disposiciones legales aplicables. En todo caso de que se produjeran las transferencias extraordinarias, las mismas hubiesen afectado la ejecución del gasto de capital y no el corriente.
Pero las irregularidades señaladas por la Cámara de Cuentas con respecto a la administración de Héctor Rodríguez van más allá de faltas con respecto al presupuesto, retenciones de empleados o violaciones a la ley en torno a los avances y los adendums de decenas de obras.
En mayo del 2008, justo dos semanas antes de las elecciones presidenciales, el INDRHI compró 3 motores, a un costo de unos 118 mil pesos (RD$117,930), para ser donados a la Fundación Flor Futuro.
La Cámara de Cuentas dice haber comprobado que dicha fundación no está incorpora, ni registrada en la DGII y su presidenta no aparece en el padrón de la Junta Central Electoral. Dicha donación fue solicitada por la Fundación través de Napoleón López Rodríguez, (071-0005694-9), quien se desempeñaba en el INDHRI como Sub-Director Ejecutivo y Encargado del Distrito de Riego Bajo de Yuna. La ley 41-08 establece como faltas de tercer grado, que pudieran dar lugar a la destitución del cargo: “Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas”.
También durante el periodo electoral del 2008, el INDHRI emitió un cheque por RD$192,400 para dietas exclusivas a choferes de la entidad, quienes prestaron un servicio no especificado durante los comicios. Según la Cámara de Cuentas, no se presentó un detalle de la asignación ni tampoco evidencia externa de la Junta solicitando a este personal.
Durante los meses de abril y mayo, con la campaña política en pleno apogeo, se efectuó entrada y salida de almacén a materiales de construcción por un valor de 5.5 millones de pesos (RD$5,575,490.82), compra realizada a través de SISTECONSA, S.A., cuyo RNC corresponde a Alarma 24, RNC, N.° 1-0164037-5, dedicada a la venta de Sistemas de Seguridad. Por ende, dice la auditoría, esto indica que los fines sociales no son compatibles con el objeto contractual, además, fue realizada con una factura que no tiene plasmado el número de comprobante fiscal (NCF). A esto se le añade que no hubo licitación pública.
Dos sumas por servicios de publicidad llaman la atención. Primero, la Cámara de Cuentas dice que el INDRHI pagó más de 272 mil pesos (RD$272,054) a Julio César Jerez Whisky (001-1400088-8), por servicios de publicidad y propaganda. El problema es que Jerez Whisky desempeñaba el cargo de Asistente de Prensa y Comunicación con un sueldo mensual de RD$50,000.00.
En pagos de asesoría Rodríguez Pimentel desembolsó más de 15 millones de pesos, (RD$15,101,594), valor no refrendado por contrato ni documentación como son: orden de servicios u otra evidencia que indiquen y justifique la selección de los proveedores. Teodoro Ruiz y o T.R Comunications, (001-0525850-3) denunciado en el Informe el año pasado cobró 11,287 millones de peso pesos (11,287,393), mientras que Héctor García (031-0055268-0) recibió casi 4 millones (3,814,200).
Otras transacciones irregulares señaladas en la auditoria incluyen viáticos dentro del país sin soportes justificativos. La entidad pagó 200 mil pesos (RD$200,000) a favor del Asistente de Personal, Carlos Ariel Fernández, (001-1217345-5), sin soportes (justificativos) y sin evidenciar el motivo del viaje. En su replica, Rodríguez Pimentel dijo que “Normalmente por motivos de seguridad… eran soportados con una comunicación de la Dirección Ejecutiva al Director Financiero, lo que es entendible por la naturaleza de sus funciones”.
Los gastos de representación sin comprobantes, se elevaron a más de 1.5 millones de pesos en notas de debito bancarias, cargadas a la tarjeta de crédito Visa 4864-3900-0273-7106, asignada al Director Ejecutivo del INDRHI.
En su replica, Rodríguez Pimentel indicó que “La Dirección Ejecutiva tiene por historia dos tarjetas de crédito, una empresarial con límite de RD$150,000.00 y otra de combustible con limite de RD$50,000.00.
Estas tarjetas funcionan como gastos de representación del Director Ejecutivo para cubrir todas las actividades relacionadas con sus funciones en el ámbito nacional e internacional, constituyéndose en recibos de soportes los estados…”. Sin embargo, la Cámara dijo que no se presentaron los documentos que soporten los pagos realizados.
Tal vez el gasto más sorprendente es el alquiler de habitaciones en el Hotel El Embajador, usadas supuestamente, según un recuadro en la auditoría, como oficina privada del Director Ejecutivo por un monto de 1 millón 446 mil pesos en el 2008 (RD$1,446,089).
